a) Compartir a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio concurrencia de trabajo, Vencedorí como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Condición, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la reglamento sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
Teniendo en cuenta los principios antiguamente mencionados y la indigencia de centrarse en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las empresas deben implementar e integrar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral en su sistema de gestión.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Calidad a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados.
Es importante tener en cuenta que esta última consecuencia se sigue no sólo cuando la aprobación de la norma jurídica es tomada como un hecho bruto, desprovisto de razones para la energía, sino también cuando entre las razones que justifican la norma se encuentran razones morales y no los hechos sociales que permiten atribuirle carácter jurídico. En estos casos, la admisión de deberes u obligaciones no se encuentra fundamentada ni siquiera parcialmente en hechos sociales como los mandatos de autoridad, y tampoco carece en absoluto de una fundamentación.
La legislatura sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Condición, sus disposiciones de ampliación o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
El empresario deberá comprobar de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del patrón de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Estos riesgos se relacionan con la forma en que se realizan las tareas y con las Capacitación continua condiciones del entorno laboral.
Para ello, es necesario que la dirección consulte con los trabajadores y/o sus representantes las cuestiones relativas a la salud y seguridad laboral, además de permitirles participar en los debates relacionados con este tema.
Aunque este trabajo se ha prohibido a exponer un panorama más o menos amplio del problema de la normatividad del derecho, creo que permite despejar algunas dudas acerca del carácter práctico de las normas jurídicas y ayuda a comprender la complejidad de conceptos como "obligación" o "deber" jurídico. La incidencia que tienen ciertos factores como la racionalidad o la autonomía en la formación de las obligaciones hace que las teoríTriunfador que adoptan una u otra perspectiva sean radicalmente diferentes, y se vean comprometidas con supuestos filosóficos más básicos: subjetivismo u objetivismo, cognoscitivismo o anticognoscitivismo, racionalismo o irracionalismo, entre otros.
Esta última cuestión nos permite contemplar una característica adicional del seguimiento de normas, cuya dilucidación puede aportar suficiente a la compresión de la normatividad del derecho: la dicotomía que existe aparentemente entre la conducta ajustada a la norma y el cumplimiento del deber legal.13 No siempre que un agente realiza la actividad ordenada por una autoridad o una regla social lo hace en cumplimiento del deber que ellas pretenden imponer. En primer emplazamiento, porque el agente puede desconocer completamente la existencia de la norma y actuar de manera coincidente pero espontánea. Y en segundo emplazamiento, porque su conducta puede estar motivada por algún tipo especial de razones que no contribuyen al inicio de una obligación jurídica, sea porque pertenecen al conjunto de razones meramente "prudenciales", o porque su fuerza legislatura es independiente de la existencia de la regla jurídica.
La estructura de los recursos necesarios para el incremento de las actividades preventivas se realizará por el patrón en función del volumen de trabajadores expuesto y la magnitud y categoría de los riesgos, con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:
Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan con la legislatura comunitaria de mercado interior dictada para afianzar la monopolio comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de seguridad para los usuarios, la Ralea aborda en el capítulo VII la regulación de las responsabilidades y sanciones que deben avalar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de las infracciones y el régimen sancionador correspondiente.
Como se mencionó con antelación, la evaluación de riesgo permite atreverse si son necesarias o se requieren acciones concretas y qué tipo medidas de seguridad y salud laboral deben aplicarse en los lugares de trabajo.